La participación ciudadana en los procesos gubernamentales de toma de decisiones no es sólo un atributo deseable y altamente demandado por la sociedad en contextos democráticos; sino que además representa una oportunidad para el fortalecimiento de las capacidades de diálogo y colaboración de los sectores gubernamental y social para trabajar de forma conjunta en la construcción de políticas encaminadas a la atención de las problemáticas más apremiantes de una comunidad.
Desde una perspectiva de gobierno abierto, la articulación de esquemas de involucramiento cívico no se agota con la constitución de un espacio permanente de diálogo y deliberación (por ejemplo, un Secretariado Técnico). La participación de sectores más amplios de ciudadanos, organizaciones sociales y grupos de interés en la definición de acciones que promuevan soluciones resulta valiosa para:
- Reconocer con mayor precisión necesidades que no suelen ser identificadas a través de los canales político-administrativos tradicionales.
- Identificar alternativas de solución innovadoras a problemas públicos añejos, impulsadas por ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil.
- Generar, de forma gradual, nuevas dinámicas de diálogo, colaboración y construcción de consensos entre autoridades, funcionarios y ciudadanos.
- Fortalecer esquemas de rendición de cuentas que permitan el monitoreo social del quehacer público.
Así, con la definición de una estrategia de participación ciudadana que conduzca a la construcción de compromisos integrados en un Plan de Acción Local, se favorecería un debate abierto y colaborativo que permita identificar, por una parte, problemáticas locales relevantes para la población (demanda) y, por otra, propuestas conjuntas de solución (oferta). Los espacios que abre un ejercicio de participación ciudadana sistemático para empatar demandas sociales con ofertas de solución diseñadas colaborativamente, permitiría la definición de compromisos de gobierno abierto concretos (orientados a un problema específico), factibles (acordados con las autoridades competentes) y potencialmente transformadores (enfocados a modificar una realidad puntual).
Asimismo, el uso continuado de este tipo de esquemas de participación como parte de los procesos de toma de decisiones gubernamental tiene el potencial de:
- Incrementar los márgenes de confianza, colaboración y diálogo respetuoso entre autoridades y ciudadanos.
- Sensibilizar a las autoridades sobre las demandas sociales más sentidas, así como de la importancia de la colaboración como insumo para la identificación de problemas y soluciones públicas.
- Fomentar el desarrollo de capacidades gubernamentales que incrementen la inclusión de la sociedad en las distintas fases del proceso de políticas públicas.
- Fortalecer la incidencia de la sociedad civil en los asuntos públicos locales.
